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Un juez ratificó la constitucionalidad del protocolo de uso de armas para la policía

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Un juez rechazó un recurso de amparo presentado por la asociación “Linqueños por los Derechos Humanos”.

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La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, impulsora del nuevo protocolo de uso de armas.

A través de un fallo del juez federal de Junín Héctor Pedro Plou, la Justicia ratificó este martes la constitucionalidad del
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Plou rechazó un recurso de amparo que presentó la asociación "Linqueños por los Derechos Humanos". El magistrado, además, impuso las costas del juicio a esa organización.
En el fallo, el juez entiende que la denuncia es "parcial, arbitraria e inexacta", puesto que "ignora aquellas disposiciones que contradicen su posición, aunque formen parte necesaria del articulado que cuestiona".

La denuncia pedía que se declare inconstitucional e ilegal la
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, mediante la cual se otorgan más libertades a los agentes federales para el uso de armas de fuego.
Según el protocolo puesto en práctica a finales del año pasado, los agentes de las fuerzas federales de seguridad podrán usar armas letales frente al delito sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa.
La resolución 956/2018, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, (que entró en vigencia un día después) dispone que en cumplimiento de su deber se utilizarán armas de fuego "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos".

Así, los agentes podrán disparar sin dar la voz de alto o sin agresión previa. El uso de armas letales es válido en "defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" o "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas".
En su cuenta de twitter, Ganón, dice que la decisión de Plou es "un fallo a pedir de boca del Gobierno" y demuestra que "la independencia judicial no solo te la debo sino que se exhibe como lo que siempre fue, un mito inasequible de la revolución burguesa del siglo XVIII".


En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de diciembre, la Sala III de la Cámara de Apelaciones decidió suspender la resolución del juez porteño Roberto Gallardo, quien había hecho lugar a un recurso de amparo que consideraba inconstitucional el nuevo protocolo de uso de armas.
Más allá del fallo de la Justicia, desde el Gobierno afirman que el nuevo código penal validará el protocolo.

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