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La aeronave privada Challenger 300 LV-GOK venía de Punta del Este, Uruguay; se despistó y chocó cuando aterrizó; murieron el piloto y el copiloto Los videos son espeluznantes. Un avión privado se estrelló y chocó en el aeropuerto de San Fernando cuando aterrizó. La aeronave Challenger 300 LV-GOK venía de Punta del Este e iban dos personas adentro, el piloto y copiloto, que fallecieron. En las grabaciones que se difundieron en redes sociales se ve el gran incendio que se desplegó en al costado de la pista. Distintos testigos pudieron grabar los momentos después del accidente, donde inmediatamente aparecieron las llamas. El fuego comenzó a crecer y el humo negro a elevarse, llamando la atención de personas que se encontraban en la zona. El incendio que provocó el avión que se estrelló en el Aeropuerto de San Fernando Los videos del avión que se estrelló en el aeropuerto San Fernando Por la mañana, el piloto y copiloto habían trasladado a pasajeros que habían alquilado el avión para viajar a la ciudad balnearia. La aeronave pertenece a la familia Brito, dueña del banco Macro. Tras el accidente, el fuego se desprendió en casas aledañas. Los vecinos se asustaron ante semejante propagación y, también, debido otros daños que se generaron en la zona. Desde el aeropuerto podían percibirse las llamas Los vecinos consternados ante la situación Más videos del avión que se estrelló en el aeropuerto San Fernando Según pudo averiguar LA NACION, el accidente ocurrió cuando el avión aterrizó y no pudo frenar, lo que generó que se estrellara y causara una explosión. Bomberos realizaron un gran operativo para controlar las llamas que, en los videos, se ve cómo crecían con fuerte intensidad. Antes de estrellarse, el avión pasó el alambrado perimetral e impactó en las viviendas. “El personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se hace presente en inmediaciones de la aeronave conjuntamente con los bomberos de la Policía Federal Argentina con asiento en San Fernando, quien una vez que se extinguió el incendio de la misma, informan que en su interior yacían dos cuerpos calcinados”, comunicaron desde la PSA. Los bomberos trabajaron para apagar las llamas del avión y las casas lindantes Los Bomberos de la Policía Federal y de San Fernando en el operativo “De la misma forma, personal de diferentes organismos abocados a este accidente se encontraban presentes y, hasta el momento, no habría víctimas de los habitantes de las viviendas con la cual ha colisionado la aeronave, las cuales fueron evacuadas con la colaboración de la policía de la Provincia de Buenos Aires”, agregaron.

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El goleador del Fortín en la Liga Profesional se reinventó luego de atravesar una delicada situación personal Braian Romero cumplió un nuevo sueño en su vida al consagrarse campeón de la Liga Profesional con Vélez, además de haber sido el goleador del equipo de Gustavo Quinteros. El delantero de 33 años atravesó duros momentos personales y estuvo al borde de abandonar el fútbol por una dura enfermedad, pero salió adelante gracias a la fe en Dios y tuvo su esperada revancha. Te puede interesar:Apenas 24 horas después de salir campeón, Vélez ya se apuntó su primer refuerzo “He pasado por varias circunstancias en la vida y el fútbol me ha servido para fortalecerme porque te da golpes que te hacen levantar al día siguiente como lo hace cualquier familia”, expresó el jugador que llegó al Fortín para salvarlo del descenso y no solo lo logró, sino que además terminó dando la vuelta olímpica. Esos duros golpes a los que Romero se refirió fueron, en primer lugar, a su lucha contra una artritis reumatoidea que le detectaron en 2012 cuando jugaba en Acassuso y que no solo estuvo a punto de dejarlo afuera de las canchas, sino que lo tuvo a maltraer con dolores fortísimos. “Hubo dos días que me aplicaron morfina cuando estuve internado en el hospital de San Isidro y no me hacía efecto, lamentablemente. Estaba paralizado. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo, ni siquiera el cuello. Estuve 15 días con la misma sábana en el hospital, no me podían inclinar la cama porque gritaba de los dolores, se me peló toda la espalda, no podía ir al baño. Fue duro vivir eso a mi corta edad”, dijo el 9 del campeón en una entrevista que brindó en el programa Un Buen Momento, de Radio La Red (AM 910). Te puede interesar:El regreso de Roly Serrano, a 9 meses del accidente que le cambió la vida: “Me falta para recuperarme por completo” “Con el correr del tiempo, nunca me había dado cuenta de lo que estaba atravesando. Me estaba quedando pelado, con manchones, la cara llena de granos por los medicamentos y el corticoide. La pasé muy mal realmente. Intenté de todo con la medicina pero nunca di en la tecla. Tuve a los mejores médicos gracias a Dios y estoy contento de haberlos conocido, como a Jorge Vega que trabaja con la Selección”, continuó el futbolista que también fue campeón con River Plate, Athletico Paranaense y Defensa y Justicia. Romero también recordó otros momentos de incertidumbre su futuro: “Un día llegué a mi casa y no tenía fuerzas ni para trabajar con mi papá en la verdulería. Me habían dicho que ya no podía jugar más al fútbol, estaba en pleno proceso de recuperación para poder caminar bien. Con mi señora a veces no teníamos para comer y para no molestar a alguien era tomar mate y a la cama. Esas cosas te marcan, pero te ayudan a crecer el doble”. Pero su historia tuvo un giro inesperado al volcarse a la religión y a comenzar a descubrir el mundo de la fe. “Un día de esos que estaba derrotado decidí ir a la Iglesia. No creía en Dios ni nada, pero fui. Éramos 20 personas y el pastor estaba predicando acerca de los milagros, hablando de la fe, que esto se trataba de creer o no, es eso: certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. En ese momento no veía nada, pero tenía que tener la convicción que me iba a recuperar. Empecé a tomar esa palabra de Dios, me hice fuerte e increíblemente fui mejorando”, siguió Braian. El delantero, que llegó a Liniers con el Gallego Méndez como técnico, quiere quedarse a pelear la Copa Libertadores y soñar en grande. “Desde que llegué a Vélez atravesamos una montaña rusa de emociones. Se dio todo, fuimos superiores ante Huracán, no lo dejamos entrar en partido y sabíamos que era una oportunidad única y la supimos aprovechar”, dijo en referencia al título logrado en la Liga Profesional. Por último, sobre el momento crítico que pasó Vélez al perder la final de la Copa Argentina y a los pocos días tener que disputar el partido por el título ante Huracán, Romero contó cómo se vivió internamente: “Tuvimos una charla después de Central Córdoba y sabíamos que teníamos que cambiar el chip porque nos jugábamos entrar en la historia del club. Estaba el morbo ese de afuera que Vélez pierda el campeonato, pero fuimos el único equipo que se sostuvo tanto tiempo en la punta. Pusimos las energías en las cosas buenas que hicimos el campeonato y que de local nos hicimos fuerte en el torneo. Hemos sido los mejores desde el juego y desde la humildad”, cerró.

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Caso María Cash: “Hallamos un dato concreto, una coincidencia” El fiscal confirmó un avance tras los rastrillajes hechos en la zona donde se cree que dejaron el cuerpo de la joven desaparecida. El camionero Héctor Romero, con prisión domiciliaria, es el principal sospechoso Un nuevo capítulo se escribió en el caso de María Cash, la joven diseñadora desaparecida hace 13 años en Salta. Luego de que se reabriera la investigación, y tras nuevos rastrillajes, la Fiscalía confirmó el hallazgo de "un dato concreto" que podría favorecer el esclarecimiento de lo que hoy se presume que fue un homicidio. El camionero Héctor Romero (71) está imputado por el hecho, con prisión domiciliaria. "El balance es positivo, se trató de un rastrillaje muy profesional. Nos volvimos con un dato importante para poder regresar, un dato en concreto que ahora deberemos estudiar y analizar", confirmó el fiscal general, Eduardo Villalba. En charla con el sitio salteño El Tribuno, el fiscal remarcó que hubo "una coincidencia" entre "el relato de un testigo, con el marcaje de uno de los perros entrenados para la búsqueda". "Esos nuevos datos los vamos a aportar al expediente y pedirle a la jueza que nos autorice nuevos rastrillajes. Ahora, lo haremos con nuestra gente, la del CIF", confirmó el fiscal federal. Este miércoles pasado, hubo un inicio de inspección sobre la ruta Nacional N°16, entre las localidades de Boquerón y El Galpón. Es la zona en que los investigadores creen se encuentra escondido el cuerpo de María Cash. Por lo pronto no hubo datos concretos; pero sí indicios que entusiasman a la fiscalía. Hubo tres días de inspecciones, y ahora la Fiscalía busca avanzar. Por eso habrá pedidos hacia la jueza del caso, para que autorice nuevos rastrillajes en la zona. "Tenemos un mapa con 10 puntos clave. Avanzamos en casi dos y los resultados son satisfactorios", insistió Villalba. Durante esta semana se llevaron a cabo nuevos rastrillajes en búsqueda de esclarecer la desaparición de María Cash. Foto: Gentileza El Tribuno Salta Durante esta semana se llevaron a cabo nuevos rastrillajes en búsqueda de esclarecer la desaparición de María Cash. Foto: Gentileza El Tribuno Salta Los rastrillajes hasta el momento se realizan en zonas de mucha vegetación. Boscosa. Esto complica la búsqueda del cuerpo. Pero la búsqueda no se centra en los testimonios de testigos, se amplifica en impactos de antena telefónicas verificadas del celular del camionero. Romero había sido detenido a fines del mes pasado, luego de que los investigadores realizaran una revisión de las pruebas recolectadas en la causa y encontraran inconsistencias en sus declaraciones. El fiscal es optimista en la búsqueda del esclarecimiento del caso María Cash. Foto: Gentileza El Tribuno Salta El fiscal es optimista en la búsqueda del esclarecimiento del caso María Cash. Foto: Gentileza El Tribuno Salta Luego, la jueza federal Mariela Giménez, hizo lugar a un pedido de la defensa y dictaminó que el imputado por homicidio agravado, tuviera prisión domiciliaria: se presentaron pruebas de que padece cáncer de próstata y su estado de salud es delicado. María Cash, la joven desaparecida en 2011, y el camionero detenido Héctor Romero, principal imputado. María Cash, la joven desaparecida en 2011, y el camionero detenido Héctor Romero, principal imputado. María Cash (29) desapareció el 8 de julio de 2011. Hay un registro fílmico en que se la ve en esa fecha por última vez, en compañía de Romero. En teoría se había tomado un micro para viajar hacia San Salvador de Jujuy, pero, por motivos que se desconocen, se bajó antes e inició un errático recorrido hasta desaparecer sin dejar rastro. El último en verla fue Romero, el camionero, quien en una de sus versiones indicó que la recogió cuando hacía dedo en la rotonda de Torzalito, en General Güemes, y la habría trasladado hasta la Difunta Correa, en el paraje Palomitas. Pero las contradicciones en sus declaraciones sembraron dudas desde el inicio, y nuevos testimonios reforzaron las sospechas en su contra. El imputado declaró durante el avance de la causa cuatro versiones distintas sobre el lugar donde presuntamente se bajó la joven: en la zona de la Difunta Correa, en la gomería Crespín, en el ingreso a Palomitas y en la finca El Estanque. Eso lo incriminó. La principal hipótesis de la Justicia es que el camionero la levantó de la ruta con la intención de abordarla sexualmente. Y que ante la negativa, la mató y se deshizo del cuerpo. Pero, por ahora, la investigación continúa.

Nombre del equipo: MIX5 JUGADOR 1: @ Clutch JUGADOR 2: @ marquitoooo JUGADOR 3: @ niweek JUGADOR 4: @ diamond JUGADOR 5: @ ju1ce JUGADOR 6: @ negritorunrun JUGADOR 7: @ gztnhzxx JUGADOR 8: @ B.T JUGADOR 9: @ forskaa

Participo en el pub aunque no se jugar

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El Gobierno imputó por presunta cartelización a las prepagas por los aumentos de las cuotas y apuntó contra Claudio Belocopitt La medida fue tomada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Afecta a Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También a la Unión Argentina de Salud. Es por las subas aplicadas de diciembre de 2023 a abril de 2024 por encima de la inflación. El Gobierno de Javier Milei imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, por los aumentos que aplicaron por encima de la inflación entre diciembre del año pasado y abril de 2024. Además, apuntó contra la entidad que las agrupa (UAS) y el empresario que la dirigía en aquel momento, Claudio Belocopitt. "La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Belocopitt. A partir de ahora, las firmas del sector imputadas tienen 20 días hábiles para formular su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar las conductas imputadas", anunció este jueves Manuel Adorni, en conferencia de prensa. "Las empresas alcanzadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, la confederación Unión Argentina de Salud (UAS), y Claudio Belocopitt, que en ese entonces ejercía el doble rol de presidente de Swiss Medical y de la UAS", detalló el vocero presidencial. En su exposición, el funcionario sostuvo que la medida surge a partir de una denuncia por cartelización vinculada a la fijación de precios entre los meses de diciembre 2023 y abril 2024. "En abril, el Ministerio de Economía intervino dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre, y dictaminó que los aumentos no podrán ubicarse por encima de la inflación", detalló. Si bien Adorni no precisó qué denuncia se usó como base para tomar esta medida, en enero de este año dirigentes de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga que integran la UAS por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada. "Ahí no hay competencia, hay abuso", denunciaron. En su escrito, explicaban que los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero y en ambas oportunidades fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS. Lo cierto es que, tal como informó Clarín, en abril el Gobierno puso en marcha una investigación por la presunta coordinación en los aumentos de las cuotas dispuestos por las prepagas, que orillaron el 160% en los primeros cuatro meses del año y derivaron en una ola de reclamos judiciales por parte de los usuarios para frenar los fuertes incrementos. Tras el anunció de Adorni, que cerró su alocución con la advertencia de que "en la Argentina ya no hay lugar para este tipo de avivadas", la Secretaría de Industria y Comercio emitió un comunicado en el que afirma que "la CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles -y que de considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más- para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos". El comunicado agrega que "en caso de que la prueba producida resulte suficiente para desvirtuar la imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones. En caso contrario, la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30 por ciento de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido". La denuncia por cartelización supone no sólo el hecho de que los aumentos se ubicaron muy por encima de la inflación, sino que además se habrían dado de manera coordinada, con índices de subas muy similares entre las prepagas imputadas, que son las que aglutinan a la mayor cantidad de afiliados del país. A esto, las prepagas suelen argumentar que los costos de salud y los atrasos en los precios eran similares para todas las empresas. Junto con la denuncia administrativa por cartelización, en paralelo la Superintendencia de Servicios de Salud llevó adelante una denuncia judicial que a fines de mayo terminó con un acuerdo para que las prepagas más importantes del país devolvieran lo cobrado por encima de la inflación entre enero y abril en 12 cuotas y ajustado por la tasa de plazo fijos del Banco Nación. Desde julio, las cuotas volvieron a quedar liberadas. Defensa de la Competencia, en tanto, es un organismo que depende de Comercio y está bajo la órbita del Ministro Luis Caputo. Su presidente es Alexis Pirchio, un economista de la UADE y magíster en esa misma especialidad en la Universidad del CEMA y durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como director nacional de conductas anticompetitivas en el mismo organismo. La respuesta desde el sector de las prepagas Fuentes de la Unión Argentina de Salud, que desde la salida de Belocopitt es presidida por Hugo Magonza, dijeron a Clarín: "Sólo tenemos información por medios periodísticos y lo que dijo el vocero. Todo el tema lo vienen siguiendo nuestros estudios jurídicos. Cuando tengamos información oficial daremos un opinión". Otras fuentes del sector de las prepagas tomaron la noticia con mesura: “Se movió algo que hace referencia a una etapa del pasado, un paso que tenía que suceder. Hoy por hoy, en el presente, y sobre todo desde la llegada del ministro Mario Lugones, el vínculo entre los funcionarios y el sector mejoró muchísimo y fluye. La intención es acompañar. Los aumentos que vinieron, cuando alguno se excedió, lo terminaron llamando y fue para atrás. Y las grandes prepagas están todas bastante en sintonía". Y para cerrar, subrayaron: "Todo esto se siente como un recuerdo del pasado. Y hay confianza en que vamos a demostrar que no hubo cartelización”.

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Es por los nuevos aumentos de los precios de los servicios públicos y privados. El Índice de Precios (IPCBA) acumula en los primeros 11 meses del año una suba del 129,1%. Entre enero y noviembre, los precios regulados aumentaron un 226,9%. En noviembre, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires no se desaceleró: repitió el 3,2% de octubre a causa de los nuevos aumentos de los precios de los servicios públicos y privados que son los que más inciden en la clase media. Así, el Índice de Precios (IPCBA) acumula en los primeros 11 meses del año una suba del 129,1% y una trayectoria interanual del 177,4%, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos porteño. En los primeros 11 meses del año, la inflación porteña tuvo como eje una gran brecha entre los precios de los Bienes, que acumularon una suba de 97,2% y los de los Servicios de 156,2%. Por el distinto peso que los bienes y los servicios tienen en el gasto de los hogares el impacto de la inflación afectó de distintas maneras a las familias porteñas. El Estado no fue ajeno a esa trayectoria inflacionaria. En noviembre mientras los precios de los bienes aumentaron un 1,7%, los regulados por el Estado subieron el 4,7%, “destacándose las alzas en la tarifa del viaje en taxi, en las cuotas de la medicina prepaga y de los establecimientos educativos (de nivel inicial, primario y secundario). Le siguieron en importancia, los ajustes en los precios de los combustibles y en la tarifa residencial del servicio de suministro de agua, de electricidad y de gas por red, señala el Informe porteño. Entre enero y noviembre, los precios regulados aumentaron un 226,9% versus una inflación promedio del 129,1%. Durante noviembre la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: este rubro aumentó 4,2%, al impactar principalmente las subas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda. En menor medida, se destacaron las actualizaciones en los precios de los servicios para la reparación de la vivienda. Transporte: promedió una suba de 4,7% como resultado del ajuste en la tarifa del viaje en taxi, las alzas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar. Salud: se elevó 4,2%, debido a los aumentos en las cuotas de la medicina prepaga. Restaurantes y hoteles: registró un alza de 3,1% por las subas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Alimentos y bebidas no alcohólicas: promedió un incremento de 1,7%. Los principales incrementos provinieron de Carnes y derivados (2,3%), Frutas (9,1%), Pan y cereales (2,1%) y Leche, productos lácteos y huevos (2,1%). "En sentido contrario, las caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-7,2%) contribuyeron a quitar presión sobre esta división", señala el Informe.. En los primeros 11 meses, muy por encima de la inflación promedio, se destacaron: gas (+ 527,5%), electricidad (+ 350,7%), agua (+ 317,2%), seguros (+ 247,7%), prepagas (+ 204,4%), vivienda( + 181,8%), recreación (+ 170,8%), educación (+ 146,3%) y leche y lácteos (+ 143,7%).

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El Polo Obrero encabeza la protesta, que culminará en San Justo; piden un bono de $100.000 y actualizar los montos de los planes sociales; fuerte operativo de seguridad El Movimiento Piquetero, integrado por ocho agrupaciones, entre ellas, el Polo Obrero (PO), activó hoy un acampe en La Matanza para reclamar alimentos para los comedores comunitarios y un bono de emergencias de $100.000 en concepto de Ingreso Familiar de Emergencia. El reclamo, que tiene como blanco al Gobierno nacional, finalizará con un acto en San Justo. Hay una posibilidad que se resuelva montar un acampe en la plaza municipal. “Marchamos contra el hambre Milei, queremos un bono para los compañeros que no van a tener fiestas navideñas. Queremos que se aumente el programa social que tienen los beneficiarios del Potenciar Trabajo [sigue en $78.000 desde diciembre de 2023], que lamentablemente sigue congelado. Hay un operativo de seguridad enorme de Patricia Bullrich, con la Gendarmería, violando la jurisidcción de la provincia. El gobernador Kicillof debería salir a repudiar esto, sino forma parte del pacto que viene haciendo Cristina, que viene haciendo el peronismo para que no haya lucha ni movilización”, denunció Belliboni a través de un video desde el corte en la ruta 3. La movilización de los piqueteros y del PO, el brazo territorial de la izquierda, se realizó en la provincia de Buenos Aires para evitar de esa manera el operativo antipiquetes que rige en la Ciudad de Buenos Aires y al que no adhirió la gestión de Axel Kicillof. Por ese motivo, Belliboni cuestionó el silencio del gobernador ante el despliegue de fuerzas federales en el municipio más poblado de la provincia, donde históricamente mandó el PJ. “Esta política ya tiene su expresión en el colaboracionismo y la pasividad de las centrales sindicales ante la ofensiva antiobrera de Milei y en el propio Congreso Nacional, con la firma de [Lucía] Corpacci del pliego del juez [Ariel] Lijo. Rechazamos la represión y la persecución, y defendemos el derecho legítimo del pueblo a manifestarse y luchar por sus demandas. Hacemos responsable al gobierno nacional de Milei, al gobierno provincial de Kicillof y gobierno municipal de [Fernando] Espinoza de cualquier tentativa represiva contra el movimiento piquetero movilizado”, advirtieron los piqueteros en un comunicado conjunto. Integran el Movimiento Piquetero el PO, MTL Rebelde, la agrupación William Cooke, Bloque Piquetero Nacional, MTR 12 de abril y el Frente de la Resistencia, entre otros grupos.

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El protocolo antipiquetes, la línea 134, y la quita de una herramienta clave fueron algunos de los motivos detrás de la baja, que se dio a pesar del contexto de recesión, inflación y polémicas en Capital Humano La medida, implementada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es solo una de las razones detrás del repliegue piquetero de los últimos meses, que derivó en una sustancial reducción en los cortes de calle, pese al contexto de recesión, aumento de los precios de los alimentos y varias polémicas protagonizadas por el Ministerio de Capital Humano. En la ciudad de Buenos Aires, epicentro de las protestas nacionales, los cortes en la vía pública cayeron un 50% con respecto a los primeros seis meses del año pasado, según los registros de Diagnóstico Político, una consultora que realiza un monitoreo mensual de la conflictividad social en las calles desde 2009. A nivel nacional esa caída se acorta, pero no deja de reflejar el retraimiento de las organizaciones sociales, que siguen siendo el principal motor detrás de las movilizaciones: a lo largo y ancho del país, según el conteo de esta firma, los cortes se redujeron un 22% (3351 contra los casi 4300 de los primeros seis meses de 2023). En su informe de junio, la consultora que dirigen Patricio Giusto y Roberto Chiti registró un total de 575 cortes, lo que representa una caída con respecto a mayo en torno al 6%. Los movimientos sociales empujaron 124 de esos reclamos. Pese a que el trabajo destaca la “pérdida de terreno” frente a otros grupos de actores como los partidos políticos o los vecinos autoconvocados, las organizaciones (con mejor suerte en la Justicia que en la calles) continúan siendo la principal cara de los cortes en la vía pública. En la Capital Federal, el reclamo por el reparto de alimentos para los comedores comunitarios motorizó la mayoría de las protestas. Buena parte de ellas, sin embargo, por el estricto acatamiento del protocolo en suelo porteño, terminaron confinadas a las veredas. Pero el protocolo fue solo una parte de la receta. A poco de asumir, el Gobierno le asestó un duro golpe a las organizaciones sociales. En diciembre, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que las Unidades de Gestión donde los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo cumplían con la contraprestación obligatoria –la mayoría de ellas en manos de las organizaciones–, dejaban de funcionar. De esta manera, la ministra le quitó a los movimientos sociales el control en la asistencia de los beneficiarios a sus lugares de trabajo, herramienta que, se presume, era utilizada de forma extorsiva por algunos grupos para darle mayor volumen a sus movilizaciones. Sobre esa información, relevada por las organizaciones, el Estado efectuaba las bajas del programa, tal como en reiteradas oportunidades enfatizaron muchos dirigentes, obviando la primera parte del mecanismo, es decir, que eran ellas mismas quienes le suministraban la información al Estado para activar esas bajas. Como parte de la ofensiva contra los piqueteros, además, el Ministerio de Seguridad habilitó una línea telefónica para que aquellos que se vieran obligados a asistir a las “convocatorias” pudieran hacer la denuncia de forma anónima: la sospecha que sobrevolaba al ex-Potenciar Trabajo es que algunos movimientos sociales –o al menos una parte de sus integrantes– usaban de manera extorsiva ese mecanismo de control para empujar a los beneficiarios a asistir a las marchas. Según el Ministerio, los teléfonos explotaron. Los llamados derivaron en una investigación del fiscal Gerardo Pollicita, que puso contra las cuerdas a por lo menos tres movimientos sociales. Como parte de esa pesquisa, se intervinieron algunos teléfonos y se realizaron allanamientos. La conversación de marzo que refleja el pesar del dirigente social, surge en el marco de esa investigación. “La verdad que hacer una acción en la 9 de julio, donde tengamos un cuarto de la capacidad que solemos mover –que es lo que estamos moviendo–, es mostrar mucha debilidad”, se lamentaba el mismo referente. La merma en el poder de convocatoria y la ejecución del protocolo forzó a las organizaciones a diseñar protestas más estratégicas: en algunas ocasiones, eligieron los accesos a la Capital Federal como punto de concentración para eludir el protocolo –que no rige en la provincia– y, a un tiempo, conservar poder de fuego en el reclamo; en otras, las organizaciones sociales anunciaban la movilización sin anticipar hacía donde marcharían. Con todo, el protocolo de la ministra Bullrich se mostró contundente y desarmó las protestas cuyo despliegue dependía exclusivamente de las organizaciones sociales. En las manifestaciones de mayor amplitud, en cambio, el protocolo exhibió resultados dispares. Así quedó en evidencia durante la masiva marcha en defensa de la universidad pública y la educación, como también durante la protesta contra la Ley Bases frente al Congreso, que derivó en disturbios y represión policial. La última movilización La última manifestación con cierto grado de visibilidad se dio hace casi dos meses y evidenció el desgaste de las agrupaciones. En febrero, asediadas por la ofensiva el oficialismo, decidieron dejar de lado sus diferencias, encolumnarse detrás del reclamo alimentario y armar una alianza estratégica en las calles. Pero la investigación del fiscal Pollicita impactó de lleno en aquel ensamble, y las organizaciones, tras los allanamientos, tomaron una distancia prudente unas de otras. El 23 de mayo, aunque en simultáneo, marcharon cada una por su cuenta sobre distintos puntos de la avenida 9 de Julio. Las organizaciones sociales no pisaron la calle y en ninguno de los tres puntos de la avenida el tránsito vehicular se vio afectado. Si la movilización tuvo algo de entidad fue solo porque ese mismo día, tras un pedido de acceso a la información pública, el Gobierno admitió que almacenaba más de 5000 toneladas de alimentos en los depósitos de Capital Humano. Un mes antes de ese sacudón, en la primera semana de mayo, el protocolo antipiquetes se puso en marcha para frustrar los planes de las organizaciones sociales que apuntaban a plantar su reclamo por alimentos frente a la Quinta de Olivos. El tránsito estuvo bloqueado, pero a pocas cuadras de la residencia presidencial. Luego de unos momentos de tensión, la policía desarticuló la protesta. La última movilización sobre la 9 de julio con corte de tránsito fue hace tres meses. Para sortear el operativo, las organizaciones ocultaron los detalles de la manifestación, que se dio a la altura de Moreno, frente al ex-Ministerio de Desarrollo Social. En abierto desafío al protocolo, minutos después de las 11, los manifestantes cortaron la avenida por poco más de una hora. El protocolo se activó y un operativo conjunto entre las fuerzas federales y porteñas que incluyó camiones hidrantes obligó a los manifestantes a desconcentrar.

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Fuentes oficiales confirmaron que serán presenciales y anónimos, pero todavía no se sabe qué puntaje se necesita para aprobar; el Ejecutivo activa la “deep motosierra” para simplificar estructuras en el Estado a motosierra fue la gran protagonista del primer año del Gobierno. En los despachos oficiales le ponen un número al ajuste: 33.000 desvinculaciones de empleados públicos, cuya baja del Estado generó un ahorro proyectado de $36.000 millones. Sin embargo, avisan, ahora comienza la segunda etapa a la que denominan “deep motosierra”. Los primeros pasos de este nuevo capítulo convivirá con el lanzamiento del “examen de idoneidad” para los empleados públicos, tal como lo definieron fuentes oficiales. Esa es la prueba, impulsada por la cartera que conduce Federico Sturzenegger, con la que el Gobierno buscará asegurar conocimientos básicos adquiridos para formar parte de la planta del Estado. En estos días, se publicarán en el Boletín Oficial distintas normativas que definirán que la prueba será presencial y anónima, y afectará a 40.000 empleados de planta transitoria y contratados. La fecha de inicio: la semana próxima. Los empleados deberán obtener un turno. El sistema que disponga el Gobierno les asignará un código con el que serán identificados para preservar el anonimato de quien rinda el examen. Y luego del multiple choice, el postulante sabrá si aprobó o reprobó. El examen, dicen en el Gobierno, no busca dejar sin empleo a ninguna persona, pero si alguien no lo tiene aprobado y/o falla tres veces, no podrá trabajar en el Estado. Contendrá entre 20 y 24 preguntas que testearán el razonamiento, lógica matemática, comprensión de textos y normativa pública. Se establecieron tres modelos distintos: uno para profesionales, otro para administrativos y otro para servicios generales, tales como jardineros, por ejemplo. El Gobierno pretende que todos los empleados hayan tomado el examen en los próximos 45 días. Esto, sumado a la condición de presencialidad requerida por el Gobierno en épocas festivas y de vacaciones, puede resultar un problema, pero las fuentes oficiales al tanto de la confección de la prueba aseguraron que nadie se quedará sin trabajo sin haber tenido la posibilidad de rendirlo. En la previa al lanzamiento del test de idoneidad, la nota de aprobación continúa sin definición y se espera que el Ejecutivo lo aclare, tras reuniones con los gremios, en las publicaciones en el Boletín Oficial. Chau a los organismos duplicados En paralelo, en los despachos oficiales contaron que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en conjunto con las otras áreas de la Administración Pública nacional y entes descentralizados, buscarán qué organismos están duplicados y, en consecuencia, cuáles pueden ser eliminados, simplificados o fusionados. Los criterios que utiliza el Gobierno para detectar las áreas plausibles de “deep motosierra” son la utilidad, eficiencia y justificación. Explicaron que, si se trata de un organismo del Estado nacional que cumple funciones correspondientes a las provincias o municipios, o que esa misma tarea pertenece al sector privado, entonces el recorte avanzaría por allí. La semana próxima se observará el primer movimiento. Fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno eliminará la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. En los despachos oficiales explicaron que la Conami gastaba más en salarios para sus empleados que en los créditos que otorgaba. Esta comisión había sido creada en 2006 y en los últimos años trabajó bajo la órbita de la Secretaría de Economía Social, que durante la gestión del Frente de Todos estuvo comandada por el dirigente social Emilio Pérsico. A su vez, en el Ministerio de Economía también detectaron áreas plausibles de “deep motosierra”. Una de ellas es el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), de la Secretaría de Comercio. Este organismo se encarga de recibir denuncias del consumidor, algo que ya realizan otras áreas. Mismo ejemplo utilizan en Transporte y los entes que realizan los mismos controles. Para ponerlo en números, el Ejecutivo contabilizó que eliminó 250 estructuras organizativas del Estado. En esta segunda etapa proyecta que ese número supere las 300. De esta manera, el Gobierno ya trazó un nuevo horizonte para su motosierra, con la que buscará simplificar al Estado y eliminar lo que sobre. Expusieron el caso Correo Argentino, que según datos oficiales, desvinculó a más de 4000 empleados, y de acuerdo con lo esgrimido por funcionarios públicos, el servicio continuó igual. A propósito de lo que pueda llegar a ocurrir con los empleados de las áreas simplificadas, la Ley Bases otorgó al Gobierno la herramienta de “pase a disponibilidad”. Esto significa que aquella persona cuyo puesto fue eliminado tendrá un tiempo de hasta 12 meses para encontrar otro trabajo, dentro o fuera del Estado, en el que recibirá el mismo sueldo. Cumplido ese plazo, será desvinculada con la indemnización correspondiente.